¿Cómo una ciudad líder del movimiento municipalista como Barcelona prevé la seguridad de sus habitantes? ¿Qué instrumentos y palancas concretos utiliza? ¿Existe una política de seguridad municipalista que difiera de otros enfoques más clásicos o represivos?
Para este #REC «Seguridad, Covid y Municipalismo», Commonspolis deseaba tener el punto de vista de una ciudad que, a los ojos de todos, se encarna como líder dentro del movimiento municipalista. Hablamos con Lucía Morale, asesora del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, sobre las especificidades de la capital catalana.
En esta entrevista, Lucía nos explica por qué es esencial construir políticas de seguridad que sean a la vez transversales y globales. También nos cuenta cómo, en un contexto de control de la pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona ha actuado para estar lo más cerca posible de las poblaciones vulnerables que se han visto fuertemente afectadas por estas medidas.
Esta entrevista presenta una serie de soluciones inspiradoras para los contextos de salud y violencia en nuestros barrios. Sobre todo, presenta un enfoque progresista, democrático y basado en los derechos humanos que nos invita a repensar los reflejos represivos, a menudo simplistas y de corto plazo para responder a la inseguridad.
¿Puedes hablarnos de tu trayectoria personal? ¿Cómo has llegado a ser Responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona?
Lucía Morale: Soy argentina, nací en el sur de Argentina. Allá mi trabajo empezó vinculado a derechos humanos, en una entidad que se llama H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Primero milité y luego trabajé en el equipo legal en el proceso de justicia contra los militares de la dictadura argentina. Luego, en 2011, en el recién creado Ministerio de Seguridad de Argentina, entré a formar parte del equipo de gestión y desarrollamos un programa sobre uso de la fuerza y armas de fuegos que tenía una parte de entrenamiento policial y de investigación de abuso policial, y una parte de doctrina y procedimiento. Estuve coordinando este programa dos años, como directora de desarrollo profesional de las fuerzas federales en Argentina.
Luego de eso, me vine a Barcelona en el 2014. Había estudiado Derecho y hecho un posgrado en políticas de seguridad, vine a hacer un master en criminalística en Barcelona. Empecé a vincularme con Barcelona en Comú y un colega a cargo del área de seguridad del ayuntamiento me llamó. Así fue como me sumé como asesora del área.
Mi función es básicamente pensar respuestas y posibles mejoras y ponerlas en práctica tanto dentro de la organización municipal como de las políticas públicas. Mi foco tiene que ver con proximidad, uso de la fuerza, perspectiva de género y violencia contra las mujeres.
«Lo que intentamos es que la seguridad esté centrada en las personas con una mirada que entienda la complejidad. Trabajamos mucho para que la actuación policial se vincule de manera transversal con otros servicios.»
Cuando empecé, uno de los temas claves era implementar o desarrollar la policía de proximidad en la Guardia Urbana de Barcelona que es la policía local. Estaba encargada de diseñar el proyecto. Los acompañé en la implementación del cambio organizativo que implicó: formación, selección del personal y modificaciones internas en toda la guardia urbana.
Luego, tenemos un objetivo en cuanto a género que es muy claro y muy grande: incorporar a más mujeres a la organización y que la organización sea un buen espacio de trabajo para ellas. Mi trabajo es analizar cuál es el estado de la cuestión, proponer mejoras en cada uno de esos ámbitos. Una vez que se aprueba políticamente se coordina la implementación con los diferentes equipos técnicos que forman parte del ayuntamiento y con la Guardia Urbana o Bomberos.
Lo que más me gusta del ámbito municipal es que a pesar de tener muchas limitaciones, puedes ver las mejoras o los cambios concretos. Hace cuatro años que estoy y vamos viendo cambios. Entonces creo que eso es lo que realmente vale la pena.
¿Cuáles son las competencias del ayuntamiento de Barcelona a nivel de seguridad? ¿Cuál es la situación de la seguridad en Barcelona?
Lucía Morale: Es importante hablar de las competencias porque además cada ciudad tiene su propia legislación según cada país. Aquí a nivel local tenemos principalmente competencias en gestión de conflictos de convivencia y también en prevención de algunos delitos y primeras intervenciones. También tenemos competencias en protección ambiental y animal y seguridad viaria que es una competencia exclusiva de la Guardia Urbana. No tenemos la parte de investigación, eso se deriva a la policía catalana, al nivel de la comunidad autónoma (CA), así como. No tenemos ni la parte forense, ni la parte judicial y penal, ni la gestión del orden público, eso lo gestiona la policía de la CA.
Por otra parte, podemos decir que en general Barcelona es una ciudad segura, aquí no solemos tener delitos violentos. El 90% de los delitos tienen que ver con temas patrimoniales, robos y hurtos. La principal causa de muerte violenta es la seguridad vial al igual que en muchos otros países, es un tema que a veces queda fuera de prensa a pesar de ser muy importante.
Por supuesto el tema de violencia contra las mujeres es bien central, y aunque no tenemos toda la competencia, es un tema que nos preocupa y nos mueve mucho. Tenemos en el ayuntamiento los servicios de atención a las mujeres, pero de la parte policial sólo tenemos una pequeña parte y el resto le incumbe a otra policía.
Luego, hace unos años hemos tenido un atentado terrorista y seguimos en alerta A4, que tiene impacto en la organización operativa del día en la ciudad y aquí también tenemos una pequeña parte de competencia y luego lo que es la investigación y demás no nos toca.
Con respecto a la gestión de la pandemia: ¿el ayuntamiento tiene competencias específicas?
Lucía Morale: Cuando empezó el covid, las instrucciones se decidieron al nivel del Estado. La policía tenía como mando único el Ministerio del Interior y desde ahí salían las indicaciones de qué se iba a sancionar y cómo. Luego de haber acabado el estado de alarma las CA retoman sus competencias. Si bien hay una mesa de coordinación, las CA informan al estado su situación epidemiológica y van comunicando las medidas, pero las decisiones son de cada comunidad.
Entonces eso dio bastante dispersión en las diferentes CA según las medidas que se tomaban. Frente a esa dispersión y como la cuestión epidemiológica se ha complicado mucho, las CA han pedido que hubiera una decisión central porque las medidas se iban incrementando en cuanto a restricciones de libertad y demás. Necesitaban como ese paraguas del Estado para que las decisiones fueran normativamente e institucionalmente válidas. Y por tanto se volvió a pedir que el Estado declarara el estado de alarma.
Nosotros al nivel del ayuntamiento no tenemos mucho margen de acción porque dependemos de lo que diga la CA. Sí que el ayuntamiento también tiene una mesa conjunta, somos parte del organismo de la CA que toma las decisiones, pero al final podemos ofrecer la opinión del ayuntamiento, qué creemos que sería útil o adecuado, pero no es nuestra la decisión. Lo que sí depende de nosotros es la gestión y actuación de la policía local.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad ciudadana en Barcelona?
Lucía Morale: Lo que tenemos nosotros es una visión amplia de la seguridad, es decir que no sólo se restringe a las competencias que tenemos al nivel municipal. Lo que intentamos es que la seguridad esté centrada en las personas con una mirada que entienda la complejidad. Trabajamos mucho para que la actuación policial se vincule de manera transversal con otros servicios. Resolver los problemas muchas veces depende de otras áreas, social, educativas, de trabajo, de vivienda. Entonces debemos exigir que todas esas áreas tengan políticas efectivas. Y luego en la parte que nos toca de gestión policial, generar sinergias con los otros servicios que trabajan también en el territorio y que haya un conocimiento mutuo de cuáles son las funciones y la actuación de cada servicio, tanto como potenciar estas sinergias. Al final en la seguridad, una cosa es la organización administrativa, los actores y competencias y luego la realidad de la ciudad donde los conflictos y necesidades se entrelazan y por eso se requiere un trabajo conjunto entre actores y los diferentes niveles de la administración.
«¿Cómo sabemos que las políticas de prevención que se hacen son eficaces hoy? ¿Cómo sabemos si una política de seguridad funciona o no? […] La elaboración de datos en la generación de indicadores diferentes es clave para poder definir unas políticas de prevención eficaces.»
Una de nuestras características es la perspectiva de derechos. No depende exclusivamente de nuestra área de seguridad. Por ejemplo, todo el tema de la política migratoria en España como en la U.E muchas veces se fundamenta por razones de seguridad. A nivel municipal no podemos definir la política migratoria. Pero sí que intentamos que todas las acciones que hacemos incorporen esta perspectiva de derechos, una mirada con la cual a nivel europeo nos gustaría que se gestionara: es que todas las personas tienen derechos, no podemos tener una ley como aquí que excluya a las personas por su nacionalidad. Pero claro el margen de maniobra que tenemos no es muy amplio porque tenemos que cumplir la ley que existe.
Nuestro enfoque desde el ayuntamiento es tener como eje transversal la participación ciudadana. Que sea un eje transversal no es algo fácil, es uno de los mayores desafíos que tenemos. Intentamos cada vez incorporarla más, no sólo en foros de participación que fue quizás una línea inicial, escuchando cuáles son los problemas, sino que realmente poder pensar soluciones que sean alternativas a lo que hasta ahora se venía planteando. No es sencillo. Tiene que ver no sólo con incorporar ciudadanía sino con interrelacionar otros servicios y otras políticas públicas que son las que resuelvan los temas.
¿A grandes rasgos cómo es la ley migratoria en el Estado Español?
Lucía Morale: Si viene una persona no turista de fuera de la U.E, tiene mucha dificultad en conseguir una residencia legal y acceder a los pasos previos para obtener la ciudadanía legal. Además, con el tema covid se ha complejizado. Si una persona se queda en lo que se denomina situación irregular y que no tiene una residencia legal y que no ha cumplido los requisitos de venir con un contrato de trabajo desde fuera, es muy difícil regularizar la situación.
Por ejemplo, muchas personas acaban regularizando su residencia mediante un proceso que se llama de arraigo, que requiere vivir 3 años aquí. Pero durante esos tres años no puedes acceder al mercado laboral o a los servicios públicos, eso no te permite desarrollar ningún plan de vida y te quedas con el riesgo permanente de que te deporten o que te encierren en un centro de internamiento de extranjeros que es como una cárcel para inmigrantes.
¿Cuáles son los desafíos al nivel de seguridad para una ciudad como Barcelona?
Lucía Morale: Si lo pienso en términos de política de seguridad veo claramente como dos retos, uno más técnico y otro más estructural.
Para mí, el reto técnico tiene que ver con la evaluación, es decir el diseño e implementación de políticas de seguridad. Creo que todavía tenemos un gran déficit en lo que es el desarrollo de indicadores. Son muy insuficientes y en general nos remitimos siempre a registros de delitos o intervenciones policiales. Si queremos tener una mirada realmente compleja de la situación, nos falta incorporar otros tipos de indicadores.
Por ejemplo: ¿qué pasa con los delitos como la trata de personas donde no se denuncian? ¿Cómo los identificamos? ¿cómo los trabajamos?; o ¿cómo se construye la sensación de inseguridad? Tenemos por un lado el delito y la seguridad que se denomina objetiva y luego está la seguridad subjetiva que es la sensación que tiene la gente de esta inseguridad. Qué genera esa sensación no está necesariamente vinculado a la cantidad de delitos que haya.
La elaboración de datos en la generación de indicadores diferentes es clave para poder definir unas políticas de prevención eficaces. ¿Cómo sabemos que las políticas de prevención que se hacen son eficaces hoy? ¿Cómo sabemos si una política de seguridad funciona o no? Ahora mismo es uno de los temas importantes.
«Durante el 1er confinamiento en Marzo 2020, nos preocupaba que se pudiera desencadenar alguna situación de violencia grave hacia las mujeres y que no hubiera la posibilidad debido al confinamiento de llegar a la denuncia. Decidimos crear un servicio conjunto entre servicios sociales, servicios de atención a la mujer y policía. Ahora estamos haciendo una prueba piloto en un distrito y será algo que extenderemos a toda la ciudad.»
Otro desafío tiene que ver con la cultura, la conciencia y la acción ciudadana. Personalmente, creo que nos falta mucho involucramiento en las gestiones públicas en términos de seguridad. Hay muy poca participación y muchas veces cuando la hay es para generar demandas de más castigos, más presencia policial. Nos falta un trabajo ciudadano e involucrarnos más y conocer más del tema con esta mirada amplia. No estoy diciendo con eso que si hay una situación concreta donde hay un delito, o en un barrio una situación problemática, no haya que dar una respuesta de corto plazo. Seguramente hay que combinar una respuesta de corto plazo que puede pasar por la presencia policial, con investigación, o por servicios de mediación, servicios sociales, según el caso. Pero creo que el problema en general es que las actuaciones se quedan en esta propuesta de corto plazo, y que, entonces con esto se cierra el tema. Falta esta proyección de largo plazo.
También creo que como ciudadanas debemos aprender a formular soluciones, lo que no es fácil a nivel de seguridad. Entonces no hay participación y cuando la hay acaba siendo pedir más multas, o más sanciones o más policías; ahí es uno de los desafíos que tenemos.
¿Cuáles son los obstáculos principales a esta acción municipal? ¿y de qué ventajas se dispone ?
Lucía Morale: Una de las ventajas es la cercanía con la ciudadanía. Es mucho más fácil pensar en temas de participación e incorporación de la ciudadanía a nivel municipal que a nivel estatal donde la comunicación es muy compleja y los territorios son muy diversos. Aquí estás rodeado de la gente de los barrios y por tanto es muy fácil acercarse. Pero sigue teniendo su complejidad, sigue siendo un desafío importante, pero ayuda esta cercanía.
Uno de los obstáculos es la limitación de competencias del ámbito municipal. No quiero plantear que el ayuntamiento debería tener todas las competencias que tiene un Estado o una comunidad autónoma. El problema se nos da cuando para ejecutar determinadas políticas necesitamos que haya una coordinación entre administraciones. Incluso cuando la hay, aquellas administraciones tienen una visión a veces contradictoria con la municipal. Eso hace que sea imposible avanzar. Por ejemplo, el tema de la generación de datos nos impacta en muchos temas de seguridad. Hay muchos elementos que estamos trabajando y generando a nivel municipal, pero los indicadores a nivel de la CA siguen siendo los mismos y no comparten la misma visión que nosotros. Hemos avanzando, pero podríamos avanzar seguro mucho más si las demás administraciones compartiéramos miradas.
¿Puedes contarnos algunas experiencias de gestiones que te parezcan significativas en este periodo desde la pandemia?
Lucía Morale: Hablaría de dos: una que tiene que ver con la protección de las personas en situación irregular y otra, sobre la violencia machista, que generó un trabajo más profundo.
Cuando se declaró el estado de alarma en marzo de 2020 y que se estableció el confinamiento obligatorio, había algunas excepciones; una era salir a trabajar. Si tu salida no estaba dentro de las causas que autorizaban las salidas del domicilio entonces la policía te multaba.
Detectamos que muchas de las personas que realizan tareas de cuidados, de limpieza en casa de otras personas, justamente por la normativa española no tienen contratos y están en situación irregular. Entonces, no tenían manera de probar que iban a trabajar. Estaban preocupadas y no querían salir de casa porque una identificación policial podía llevarlas a una expulsión del país. No trabajaban y al mismo tiempo eran personas que estaban sosteniendo una tarea imprescindible de cuidado de otras personas y familias.
Ahí tenemos esta limitación: la norma estatal es la que es, no estaba previsto en el estado de alarma este tipo de situación. Entonces a nivel municipal la propuesta de la policía fue implementar algo similar a las declaraciones individuales que se usaron en Francia, aquí se usaban a nivel de comunidad autónoma pero debían ir siempre acompañadas de una documentación de respaldo. Estas personas no tenían contratos de trabajo y las personas que las empleaban tampoco querían firmar un papel diciendo que estaban trabajando en sus casas.
» La otra cuestión que la seguridad pone en evidencia es todo el camino que nos queda por recorrer en relación a la participación activa de la ciudadanía. […] Una cosa que nos refuerza la covid es la necesidad de intentar buscar el equilibrio de las medidas que se definen, intentar evitar que sean sólo represivas y también evitar el paternalismo. «
Lo que nosotros implementamos en estos casos concretos, fue un formulario en el que las personas decían que eran trabajadoras del hogar y simplemente que se estaban dirigiendo a tal dirección porque tenían este trabajo. Eso fue una medida de la policía municipal, todo el personal interno estaba informado que, si se encontraba en la calle con una persona que tenía este papel, no tenía que requerir ninguna otra documentación y se consideraba que la persona estaba justificando el desplazamiento. Esto fue una acción de crisis quizás concreta y pequeña pero que nos resolvió este tema.
La violencia machista es otro ejemplo que todavía estamos trabajando y que fue un tema que nos preocupaba mucho. Nos preocupaba que se pudiera desencadenar alguna situación de violencia grave y que no hubiera la posibilidad debido al confinamiento de llegar a la denuncia. Decidimos crear un servicio conjunto entre servicios sociales, servicios de atención a la mujer y policía. Ahora estamos haciendo una prueba piloto en un distrito y será algo que extenderemos a toda la ciudad.
Sabíamos que durante el confinamiento estas situaciones iban a seguir reproduciéndose. En la vida sin confinamiento ya era difícil, entonces en el periodo de confinamiento era todavía más complicado – habiendo tan pocos espacios para salir, se iban a ver mucho más limitadas.
» […] la seguridad no puede ir aislada de otras políticas. Hemos de incluirla en esta mirada global, tenemos que tener una mirada transversal para trabajar la seguridad dentro de este marco más amplio. Los problemas de seguridad no los resolveremos solo con policía y ya lo sabemos.»
Entonces, empezamos a mirar las llamadas que entraban a emergencias : se mantenían a pesar de que las denuncias se habían caído en picada. En el grupo que conformamos con la policía local, la policía autonómica y los servicios de atención a mujeres, analizamos todas las llamadas que entraban a emergencias.
A veces, después de una llamada, llega la patrulla policial y no hay evidencias de que se haya producido una situación de violencia en ese momento. Entonces la intervención queda un poco en la nada, por decirlo de alguna manera. Lo que hicimos era cruzar los domicilios que habían tenido una reiteración de llamada (en muchos casos llamaban los vecinos). A partir de aquí nos vinculábamos con estos servicios para ver si era posible – sin poner en riesgo a la mujer – un acercamiento desde algunos de los servicios: servicios sociales, servicios de salud, alguna entidad con la que estuviera vinculada. En algunos casos detectamos situaciones graves que no se veían en el momento en que había ido la patrulla, pero sí por la reiteración de llamadas, por los relatos de las vecinas o si veíamos que podía haber una situación más de riesgo si había menores en medio.
Y también nos sirvió para coordinar la información entre la guardia urbana y la policía de Catalunya. El sistema de emergencias deriva en función de las competencias: cuando hay situaciones graves puede ir cualquiera de los dos cuerpos policiales, pero en muchos casos graves va la policía autonómica y cuando son temas de cercanía va la policía local.
Nos dimos cuenta que había casos en los cuales no faltaba conectar la información entre los dos cuerpos policiales. Por ejemplo casos que estaban con investigación judicial, que se estaban trabajando y que había denuncias presentadas, y que luego había una llamada de un vecino un día, iba la patrulla y no encontraba nada, esta información se perdía porque no encontraba nada y se cerraba el caso.
Entonces se creó este espacio para generar prevención e intervenir con casos que quizás no tengan indicios penales, pero donde vemos alguna situación de riesgo. Es a partir de aquí que se hace este análisis transversal entre los diferentes servicios. Y siempre teniendo en cuenta y respetando la autonomía de las mujeres.
Luego, con las restricciones en general, por ejemplo intentamos no sancionar directamente a la gente que no llevaba la mascarilla. Sino que hubiera un proceso de informar a la persona que no la tiene, de que la consiga si no la tiene, indicar donde hay una farmacia cercana y si luego no hay motivos y se resiste imponer una sanción. Esto está protocolizado en la actuación.
¿Qué nos enseña la Covid-19 sobre la gestión de la seguridad en las ciudades? ¿Qué hemos aprendido en esta situación tan particular?
Lucía Morale: Creo que no aprendimos cosas totalmente nuevas, sino que nos ha confirmado la importancia de lo que ya sabíamos.
Quizás haya reforzado la importancia de algunos elementos: que la seguridad no puede ir aislada de otras políticas. Hemos de incluirla en esta mirada global, tenemos que tener una mirada transversal para trabajar la seguridad dentro de este marco más amplio. Los problemas de seguridad no los resolveremos solo con policía y ya lo sabemos. Esta mirada global no tiene que empezar en el momento de plantear la solución, sino que tiene que empezar en el momento de analizar el problema. Lo que pasa muchas veces es que cuando se plantea la transversalidad para trabajar una problemática determinada. Y en realidad los orígenes de estos problemas tienen que ver con políticas públicas de otro tipo en muchos casos: educativa, de vivienda, de salud. Entonces a este nivel es donde tenemos que empezar a pensar la política de seguridad.
La otra cuestión que la seguridad pone en evidencia es todo el camino que nos queda por recorrer en relación a la participación activa de la ciudadanía. No hubo suficiente vinculación con la ciudadanía. Una cosa que nos refuerza el covid es la necesidad de intentar buscar el equilibrio de las medidas que se definen, intentar evitar que sean sólo represivas y también evitar el paternalismo. Pero nos cuesta empoderar a la ciudadanía y tener un diálogo entre lo público y los ciudadanos desde otro lado.
Al nivel de la CA, los colectivos afectados por determinadas medidas no han sido consultados, ni se ha dialogado. Por ejemplo, ahora tenemos una tasa súper importante de contagio en los jóvenes, se restringe el ocio, se cierran otra vez las universidades, pero no ha habido un espacio de diálogo con los jóvenes. Vamos siempre con: “Qué tenéis que cumplir esto!” sin mirar o sin escuchar por qué no se puede cumplir, o cómo sería mejor o qué otra medida podría resolverlo mejor. Durante el confinamiento también pasó con el colectivo de gente mayor que era el más afectado en ese momento. Luego muchos manifestaron su sensación de que habían sido un poco estigmatizados, no habían podido ser parte de ese proceso digamos.
Luego la policía del ayuntamiento participó en las campañas informativas con una cosa muy fácil que eran unos altavoces de los patrulleros que iban patrullando por la ciudad portando los mensajes, la información a la ciudadanía.
» Es clave entender que o lo hacemos de forma transversal o son esfuerzos que se acaban perdiendo porque si cada uno se queda desde su ámbito es imposible lograr ese resultado. La sociedad no funciona compartimentada como la administración. La administración debería reflejar mucho más nuestra vida fuera de la administración.»
Por otra parte, vemos colectivos que salen a la calle contra las medidas, no estoy hablando de los grupos negacionistas que plantean que no hay que tomar ninguna medida sino ahora tenemos manifestaciones de taxistas, de personas que se dedican a la restauración y hotelería que no entienden el porqué de las medidas. Dueños de gimnasios e instalaciones deportivas lo mismo. A veces es cierto que las medidas no tienen mucha coherencia, por ejemplo, aquí la restauración y el ocio cierran a las 22 horas y las instalaciones deportivas a las 21 horas. ¿Por qué? Cuando empieza a haber esa incoherencia la gente no lo entiende y eso se resolvería planteándolo antes, incorporándose en los procesos de decisión. En acción ciudadana nos queda mucho camino.
Por último, hay otro gran tema que tengo bastante presente: A veces, nos focalizamos sobre el número de contagio y perdemos de vista las implicancias sobre la vida de la gente. Cuando hablamos de medidas y de restricción tendríamos que ser mucho más cuidadosos. A veces esta idea de que estamos en emergencia hace que se justifique y que haya más tolerancia social a la restricción. Siempre debemos analizar las restricciones, su legalidad, y que sean proporcionadas. Se han restringido libertades, y esto tiene una gran importancia. Desde la administración, tenemos que ser muy estrictos con eso para no perder de vista que tenemos que analizar cuáles son todos los impactos de las medidas que se dictan y ver si se puede lograr el mismo fin con medidas menos restrictivas.
Por ejemplo, cuando estábamos en medio de la pandemia, estaba haciendo unos informes para nuestra área sobre cuáles son las medidas que se implementan en diferentes lugares para tener actualizadas referencias, porque iban cambiando muchísimo. Acá en el momento en que estábamos confinadas y empezamos a tener posibilidades de salir a hacer deporte, se planteó la posibilidad de la restricción por DNI. Me pidieron un informe que analizara la posibilidad de esta medida. Lo que analice es que en los lugares donde se aplica no hay ninguna demostración que funcione, por sobre otros criterios, como la franja de edad que teníamos acá.
Y en cambio tenía muchas contras. Por ejemplo, en una familia monoparental, la madre es la única persona que está en la casa y tiene que hacer las compras, gestionar todo para su familia y solo podría salir el día que le toque a su DNI.
¿Qué reflexiones o instrumentos crees que sería útil compartir con otras ciudades municipalistas?
Lucía Morale: Quiero compartir tres elementos importantes que podríamos reforzar desde la experiencia municipalista que compartimos con otras ciudades:
- Cuestionar los datos que utilizamos para plantear una política de seguridad. Hay una necesidad de cuestionarnos sobre qué datos tenemos y si esos son los datos que realmente nos permiten diagnosticar un problema y pensar soluciones. ¿Sólo nos limitamos a analizar datos policiales? o ¿Incluimos más datos? Porque aquí empieza la visión amplia de la seguridad.
- Desarrollar el trabajo transversal entre servicios. Es clave entender que o lo hacemos de forma transversal o son esfuerzos que se acaban perdiendo porque si cada uno se queda desde su ámbito es imposible lograr ese resultado. La sociedad no funciona compartimentada como la administración. La administración debería reflejar mucho más nuestra vida fuera de la administración. El trabajo transversal no es una tarea fácil porque implica romper muchas resistencias no solo en el ámbito policial sino también en el ámbito de servicios sociales por ejemplo porque se suele compartimentar el trabajo, no dar información por desconfianza a otros servicios, etc.
- Incluir a la ciudadanía en toda su amplitud en la definición de las políticas de seguridad. No sólo hablo de las personas que tienen DNI o que son de la administración o de una categoría social determinada y con ciertas habilidades. Sino de cómo ampliamos y cómo vemos realmente el impacto que puedan tener esas políticas o cómo traemos a que sean parte de la agenda política problemas que afectan a sectores de la sociedad que quizás no van a ser titulares de los diarios cada semana pero que en cambio son temas mucho más profundos y graves.
Creo que hay mucha experiencia a nivel municipalista porque ya se trabaja mucho con la organización de los barrios y el empoderamiento de las redes de trabajo. Esos mismos espacios tienen que servir para trabajar las políticas de seguridad. Creo que la experiencia ya la tenemos en otros temas y hay que ver como lo trasladamos también al ámbito de la seguridad.
Esta entrevista forma parte de una serie de entrevistas, artículos de análisis y de propuestas del #REC «Covid, Seguridad y Municipalismo»
Fue realizada en castellano el 27 de octubre de 2020 por Averill Roy y transcrita por Flor Garcia-Bour.
